SITIOS Y COMUNIDADES
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GUAJIRA
Riohacha, Manaure y Maicao
Koushalai, Tutchonka,
Ipamana, Isashimana, La Plazoleta.
SUCRE
Corozal, Sampués y
Morroa
VillaLuci, Sabanalarga y Las Llanadas.
CHOCÓ
Cuenca del Río Atrato
Río Quito, Quibdó, Medio Atrato y Cantón de San Pablo.
GUAJIRA
La Guajira, ubicada en el extremo norte de Colombia, es uno de los territorios más áridos y, a la vez, más ricos en recursos naturales. Sin embargo, la región enfrenta una crisis hídrica estructural que afecta de manera directa a las comunidades indígenas y rurales, en especial al pueblo Wayuu. Sus prácticas ancestrales de manejo del agua han sido desplazadas por modelos extractivos y políticas estatales fragmentadas que no garantizan un acceso equitativo al recurso.
El déficit de agua responde a factores climáticos, como sequías prolongadas y lluvias irregulares, y a la sobreexplotación de fuentes hídricas, en particular el río Ranchería, orientadas a la actividad minera. Mientras tanto, miles de familias dependen de jagüeyes artesanales, molinos en mal estado o carrotanques esporádicos enviados por el Estado. Esta situación no solo limita la vida cotidiana, sino que ha provocado desnutrición infantil, enfermedades hídricas y el debilitamiento del tejido comunitario wayuu.
Las políticas implementadas, como el Plan Guajira Azul (2018), han tenido resultados limitados debido a la débil articulación institucional y a la falta de diálogo intercultural. En este contexto, la escasez de agua no puede comprenderse únicamente como un problema ambiental, sino como un fenómeno histórico y político. Superarlo implica reconocer el valor cultural del agua y fortalecer los sistemas comunitarios de gestión, avanzando hacia una gobernanza hídrica que integre las voces y saberes del pueblo Wayuu.
SUCRE
Sucre vive realidades hídricas contrastantes. En la Mojana, el agua abunda durante las crecientes pero falta agua segura en el estiaje; en la costa del Golfo de Morrosquillo y en Montes de María pesan los déficits estacionales, la presión turística y la salinización. La escasez es sobre todo funcional: el recurso existe, pero falla la calidad, la infraestructura y la gestión. Predominan la degradación por patógenos, sedimentos, nutrientes y salinidad, junto con un saneamiento insuficiente. A ello se suma la alta dependencia de los acuíferos —especialmente en la sabana y la franja costera—, amenazados por la sobreexplotación y la intrusión salina. La urbanización y la obra gris, al desconectar el territorio de su dinámica hídrica natural, agravan el problema.
Las consecuencias son claras en salud y economía: más enfermedades de origen hídrico y brotes post-inundación; agua turbia o salina incluso en escuelas; pérdidas por inundaciones en vivienda, cultivos y ganadería; disminución de pesquerías; afectación del turismo por mala calidad de playa; y altos costos de abastecimiento (carrotanques, bombeo, tratamientos caseros) que golpean a los hogares, especialmente a mujeres y niñas.
La respuesta exige coordinación interinstitucional con el diálogo intercultural en el centro. Participan MinVivienda, la UNGRD, MinAmbiente/IDEAM y CARSUCRE —en articulación con CARDIQUE y CVS—, junto con la Gobernación y las alcaldías. Para que esa coordinación funcione, consejos comunitarios afro y cabildos Zenú deben actuar como co-decisores en mesas permanentes de agua; la consulta previa debe incorporar mediación cultural y definir corresponsabilidades de operación y mantenimiento; y la co-producción de conocimiento —monitoreo comunitario de calidad, mapas de acuíferos y zonas de recarga, memorias de inundaciones y estiajes— ha de integrarse de forma efectiva a la planeación oficial.
CHOCÓ
Examinamos la gobernanza del agua como bien común en la cuenca media del río Atrato, en el Chocó, y la centralidad del río en la vida, la identidad y la movilidad de las comunidades afroatrateñas. El Atrato tiene más de 650 kilómetros de longitud y es una fuente de vida para los ecosistemas de la región biogeográfica del Chocó, además de proveer agua para el consumo humano y los usos domésticos. También transporta alimentos, pacientes y medicinas, y constituye la columna vertebral del sistema de transporte; su degradación afecta las pesquerías (disminución y migración de especies), la caza, los tiempos y costos de viaje y, en términos más amplios, la seguridad alimentaria y los ingresos locales. Cuando el río se degrada, toda la vida comunitaria sufre.
El proyecto conceptualiza la escasez de agua como funcional: no existe una falta física de agua, sino una carencia de agua segura debido a la degradación de su calidad y a la ausencia de infraestructura de agua y saneamiento, sumadas a prácticas extractivas que reducen las reservas disponibles para la vida cotidiana. En muchas comunidades, una misma fuente se utiliza tanto para el consumo como para la descarga de aguas residuales, generando un ciclo de contaminación. La contaminación compromete la potabilidad, genera escasez y está asociada a enfermedades; el proyecto busca documentar la percepción de que “el sufrimiento ambiental equivale al sufrimiento comunitario”, y señala los riesgos derivados de los metales pesados.
La Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional reconoce al Atrato como sujeto de derechos y creó la Comisión de Guardianes; esta decisión se articula con la Ley 99 de 1993 (MinAmbiente, IIAP y las autoridades ambientales regionales —CAR— como Codechocó) y la Ley 70 de 1993 (Consejos Comunitarios). Esto abre espacios para la cogobernanza del agua con las comunidades negras. En este contexto, entra en juego la gobernanza etnobiocultural, con un conjunto de normas formales e informales que regulan los usos del río y fortalecen la legitimidad local.